Las cooperativas de cuidados frente al envejecimiento y la dependencia
Pablo Rodofili
n. 1211, lunes 10 de agosto de 2026.
En el número 1210 de En Clave de Cooperación nos preguntábamos por la soledad y por aquello que denominamos infraestructura social comunitaria: el conjunto de vínculos, organizaciones y capacidades colectivas que permiten que una persona no quede sola frente a sus necesidades.
El envejecimiento de la población obliga a avanzar un paso más.
Porque una sociedad que envejece no necesita solamente más hospitales, más medicamentos o más prestaciones de salud. Necesita también organizar quién acompaña, quién ayuda a realizar las actividades cotidianas, quién sostiene la autonomía cuando ciertas capacidades comienzan a disminuir y, sobre todo, cómo se evita que la aparición de una dependencia transforme a una persona en alguien aislado de su comunidad.
El problema del cuidado comienza allí.
Y probablemente sea uno de los grandes problemas institucionales de las próximas décadas.
Durante mucho tiempo fue tratado como una cuestión perteneciente casi exclusivamente al ámbito familiar. Cuando una persona mayor comenzaba a necesitar asistencia, la respuesta se buscaba dentro de la familia y, particularmente, entre sus mujeres.
Ese modelo no ha desaparecido. Pero cada vez encuentra mayores dificultades.
Las familias son más pequeñas. Las personas viven más años. Los hogares han cambiado. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo modificó profundamente la disponibilidad de tiempo para realizar tareas de cuidado no remuneradas. Y una mayor longevidad implica también que aumente la cantidad de personas que pueden necesitar durante períodos prolongados algún grado de asistencia para desarrollar su vida cotidiana.
No se trata necesariamente de enfermedad.
Ésta es una distinción importante.
Una persona puede encontrarse clínicamente estable y, sin embargo, necesitar ayuda para cocinar, higienizarse, trasladarse, realizar trámites, comprar alimentos, administrar determinados aspectos de su vida cotidiana o simplemente conservar vínculos sociales que eviten su aislamiento.
El cuidado aparece entonces en un territorio que no coincide enteramente con el sistema sanitario.
Es el territorio de la vida cotidiana.
Y cuando esas necesidades aumentan, las respuestas individuales empiezan a resultar insuficientes.
El problema deja entonces de ser quién ayuda a una determinada persona y pasa a ser otro:
cómo organiza una comunidad las capacidades necesarias para cuidar a quienes necesitan apoyo sin privarlos de autonomía, sin trasladar todo el peso a sus familias y sin convertir el acceso al cuidado en un privilegio determinado exclusivamente por los ingresos.
Del cuidado como prestación al cuidado como infraestructura
Quizás haya que modificar la manera en que pensamos estas cuestiones.
Estamos acostumbrados a considerar infraestructura aquello que permite que funcionen las sociedades: caminos, redes eléctricas, agua potable, saneamiento, transporte o telecomunicaciones.
Sin esas redes, buena parte de nuestros derechos resultarían puramente declarativos.
Podemos reconocer jurídicamente el derecho a la salud, pero sin hospitales, profesionales y medicamentos ese derecho difícilmente pueda ejercerse. Podemos garantizar la educación, pero necesitamos escuelas. Podemos proclamar el derecho al agua, pero alguien debe construir, mantener y operar la red que permite que llegue hasta cada vivienda.
Algo semejante comienza a suceder con el cuidado.
La autonomía de una persona mayor o de una persona con dependencia no depende únicamente de que el ordenamiento jurídico reconozca su derecho a decidir dónde vivir, con quién hacerlo o cómo desarrollar su proyecto de vida.
Depende también de que existan las condiciones materiales que hagan posible esas decisiones.
En Argentina esta cuestión tiene, además, una dimensión constitucional particularmente relevante.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Ley 27.360 y dotada de jerarquía constitucional por la Ley 27.700, reconoce entre sus principios la dignidad, la independencia, la autonomía, la participación e integración comunitaria, el bienestar y el cuidado, junto con la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
No estamos, por lo tanto, frente a una cuestión meramente asistencial.
Estamos frente a las condiciones que permiten ejercer derechos.
Desde esa perspectiva, el cuidado comienza a parecerse a una infraestructura.
No necesariamente a una infraestructura física.
A una infraestructura social.
Una red de personas, organizaciones, conocimientos y recursos que permite sostener la vida cotidiana cuando alguien necesita apoyo.
Y allí aparece una pregunta que el cooperativismo debería comenzar a hacerse seriamente.
Más allá de la asistencia: cooperativas de proximidad
Las cooperativas de cuidados ya existen.
Han comenzado a ocupar un espacio relevante en la organización de servicios destinados a personas que, por razones de edad, enfermedad o dependencia, necesitan asistencia en su vida cotidiana.
Pero quizás estemos pensando todavía el cuidado desde una perspectiva demasiado estrecha.
Porque existe una necesidad que aparece antes de la enfermedad, antes de la dependencia severa y, muchas veces, antes de que alguien solicite formalmente asistencia.
Es la situación de miles de personas mayores que viven solas.
Personas autónomas, capaces de decidir sobre su propia vida y que no necesitan necesariamente una prestación sanitaria permanente, pero que pueden comenzar a encontrar dificultades para resolver algunas cuestiones ordinarias de la vida cotidiana.
Comer adecuadamente. Comprar medicamentos. Realizar un trámite. Cambiar una lámpara. Entender una factura. Conseguir un turno médico. Advertir una pérdida de gas o una falla eléctrica. Resolver un problema con el teléfono. Hacer una compra. Salir de su casa después de varios días sin hacerlo.
Ninguna de esas situaciones constituye, considerada aisladamente, una enfermedad.
Pero su acumulación puede transformar progresivamente la autonomía formal de una persona en aislamiento real.
Allí puede abrirse un nuevo espacio para la cooperación.
Una cooperativa de cuidados podría desarrollar también servicios de proximidad destinados a personas mayores que viven solas o que cuentan con redes familiares insuficientes o distantes.
No necesariamente para cuidarlas durante varias horas.
A veces, simplemente para estar cerca.
Una visita periódica podría permitir verificar que la persona se encuentra bien, que se alimenta adecuadamente, que dispone de sus medicamentos, que puede resolver las dificultades ordinarias que se le presentan y que mantiene algún vínculo con el mundo exterior.
La intervención podría ser sencilla.
Conversar. Preguntar si necesita algo. Ayudar a resolver un trámite. Advertir que faltan alimentos. Detectar que una medicación no está disponible. Observar una dificultad nueva para movilizarse. Comprobar que la calefacción funciona. Percibir que algo ha cambiado.
Y, cuando resulte necesario, activar otra red.
Avisar a un familiar.
Contactar al servicio de salud.
Articular con los servicios sociales.
Solicitar asistencia ante una emergencia.
La función de la cooperativa no sería sustituir a la familia ni al sistema sanitario. Mucho menos decidir por la persona mayor.
Sería otra.
Estar suficientemente cerca para que alguien pueda seguir viviendo de manera autónoma sin quedar solo frente a las pequeñas dificultades que, acumuladas, terminan haciendo imposible esa autonomía.
Esta distinción es fundamental.
Durante mucho tiempo hemos asociado el cuidado con la dependencia.
Quizás debamos comenzar a relacionarlo también con la autonomía.
Porque cuidar no consiste únicamente en hacer por alguien aquello que ya no puede hacer.
También puede consistir en proporcionar los apoyos necesarios para que pueda seguir haciendo por sí mismo todo aquello que todavía puede y quiere hacer.
Una infraestructura de proximidad
Pensado de esta manera, el servicio adquiere otra dimensión.
Una visita semanal de una hora puede parecer insignificante considerada como prestación asistencial.
Considerada como parte de una red territorial, puede ser otra cosa.
Puede ser el punto de contacto que permita advertir tempranamente una situación que de otro modo permanecería invisible.
Y esto nos devuelve al problema de la soledad.
En el número 1210 de En Clave de Cooperación señalábamos que frente a la soledad no alcanza con multiplicar prestaciones. Es necesario reconstruir vínculos y desarrollar infraestructura social comunitaria.
Las cooperativas pueden ser una de las instituciones capaces de hacerlo.
No porque puedan eliminar la soledad.
Ni porque deban sustituir los vínculos familiares, afectivos o comunitarios.
Sino porque pueden construir algo mucho más concreto: presencia organizada y permanente en el territorio.
El cooperativismo conoce bien esa tarea.
Durante décadas organizó comunidades para llevar electricidad donde no llegaban las empresas, agua donde no existían redes, telefonía donde las distancias hacían poco rentable prestar el servicio y vivienda donde el mercado no ofrecía respuestas accesibles.
Tal vez una sociedad que envejece esté colocando delante del movimiento cooperativo una necesidad diferente.
Ya no se trata solamente de extender una red física hasta una vivienda.
Se trata de conseguir que, detrás de esa puerta, nadie quede completamente solo.
Y quizás esa sea una de las nuevas formas que pueda asumir la infraestructura social comunitaria.
pablorodofili@icloud.com
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