Una escuela sin conectividad aparece como un punto en un mapa. Pero antes de decidir cómo conectarla hay otra pregunta: qué redes, capacidades y posibilidades existen alrededor.
n. 1219, jueves 10 de septiembre de 2026.
Una escuela sin internet aparece en un mapa como un punto.
Tiene coordenadas. Una matrícula. Una localidad. Un casillero que dice sin conectividad o conectividad deficiente.
Resolver ese punto importa.
Pero ningún punto está solo.
Alrededor puede haber pueblos, tendidos eléctricos, fibra óptica, radioenlaces, redes móviles, empresas, cooperativas y otras infraestructuras construidas a lo largo de los años. Puede haber un prestador a pocos kilómetros. Puede haber una red que pasa cerca pero que no tiene capacidad razonable para extenderse. Puede existir un proyecto de expansión. O puede no haber absolutamente nada.
Todas esas escuelas pueden aparecer iguales en una planilla.
Territorialmente, son problemas diferentes.
Por eso, antes de preguntar con qué tecnología conectar un punto, hay una pregunta todavía más elemental:
¿qué hay alrededor?
Seis mil puntos
La pregunta acaba de adquirir una actualidad particular en la Argentina.
El Ente Nacional de Comunicaciones aprobó un proyecto específico de conectividad satelital destinado a 6.000 establecimientos educativos de gestión estatal o privada con cuota cero que carezcan de conectividad o cuenten con un servicio deficiente.[1]
El esquema tiene una dimensión considerable.
Starlink Argentina efectuó una donación con cargo valorizada en USD 9.978.000, correspondiente a 6.000 kits y los primeros veinticuatro meses de servicio. El proyecto contempla además USD 11.898.000 provenientes de recursos del Servicio Universal para instalación, gestión del servicio e incidencias, atención técnica, monitoreo y otros doce meses de conectividad. El monto total asignado asciende así a USD 21.876.000.[2]
La Secretaría de Educación debe seleccionar los establecimientos y confeccionar la nómina georreferenciada, además de coordinar con las jurisdicciones provinciales y municipales.[3]
La secuencia importa.
El programa general de Conectividad de Interés Público no está necesariamente atado a una única tecnología. Pero el proyecto específico aprobado en 2026 ya nace como un proyecto de conectividad satelital. Después corresponde individualizar los establecimientos que lo integrarán.
Esto plantea una pregunta anterior a la selección de cada escuela:
¿qué evaluación territorial y tecnológica precedió a la decisión de estructurar el proyecto para 6.000 establecimientos alrededor de una solución satelital?
No afirmamos que esa evaluación no haya existido.
A la fecha de este artículo no hemos encontrado en la documentación pública examinada un estudio comparativo que permita conocerla. Su eventual existencia podría naturalmente aportar elementos relevantes y modificar el análisis.
Y precisamente por eso vale la pena formular la pregunta.
El problema no es Starlink
Convertir esta discusión en una controversia entre fibra óptica y satélite sería sencillo.
Y bastante poco interesante.
Para una escuela verdaderamente aislada, una solución satelital puede ser extraordinariamente eficiente. Permite llegar rápidamente a lugares donde desplegar kilómetros de infraestructura terrestre podría resultar económicamente desproporcionado o demorar años.
Una solución homogénea para miles de establecimientos puede ofrecer además ventajas importantes: rapidez de despliegue, estandarización, administración centralizada, monitoreo uniforme y menores costos de coordinación.
Todo eso tiene valor público.
Por otro lado, que una red terrestre pase cerca de una escuela no significa que pueda conectarla.
Puede no tener capacidad suficiente.
Puede requerir una inversión desproporcionada.
Puede no ser posible extenderla en el plazo requerido.
Puede necesitar obras, autorizaciones o equipamiento adicional.
Por eso el problema no es:
fibra o satélite.
La pregunta es:
¿qué debería saber el Estado antes de elegir?
Cuatro mapas
Podríamos imaginar que una decisión territorialmente informada necesita superponer cuatro mapas.
El mapa de la necesidad
Es el primero y el más evidente.
¿Dónde está la escuela?
¿Tiene conectividad?
¿Qué calidad tiene?
¿Es estable?
¿Qué necesita realmente?
Este mapa permite localizar el problema.
Pero no necesariamente explica cómo resolverlo.
El mapa de la infraestructura
El segundo mira alrededor del punto.
¿Qué redes existen?
¿Quiénes las operan?
¿Hay fibra, radioenlaces, redes móviles, infraestructura satelital u otras tecnologías disponibles?
¿Existen despliegues previstos?
Este mapa introduce el territorio.
Pero tampoco alcanza.
Porque infraestructura existente no significa capacidad disponible.
El mapa de la capacidad
Éste intenta responder qué puede hacerse realmente con aquello que existe.
¿Una red próxima puede extenderse?
¿En cuánto tiempo?
¿A qué costo?
¿Con qué calidad?
¿Requiere nuevas obras o autorizaciones?
¿Tiene capacidad suficiente?
Una fibra a cinco kilómetros puede ser una alternativa.
O puede ser solamente una línea dibujada en un mapa.
El tercer mapa permite distinguir una cosa de la otra.
El mapa de los efectos
El cuarto es diferente.
No pregunta solamente cuál alternativa conecta la escuela.
Pregunta:
¿qué produce cada alternativa además de resolver la necesidad inmediata?
Una extensión de red puede, según el caso, dejar capacidad disponible para hogares, productores, comercios, otra escuela o una sala sanitaria.
Una solución satelital puede aportar rapidez, autonomía respecto de infraestructura terrestre, redundancia o resiliencia en territorios donde las redes físicas resultan especialmente vulnerables.
Una solución homogénea puede reducir costos administrativos y simplificar enormemente la gestión de miles de conexiones.
También existen diferencias de mantenimiento, vida útil, riesgo tecnológico y posibilidades futuras de utilización.
No corresponde presumir cuál alternativa tiene mejores efectos.
Corresponde incorporarlos a la comparación.
El problema no es que el Estado carezca de mapas. Es decidir mirando uno solo.
Otros ya miran más de uno
La idea de relevar infraestructura existente antes de dirigir recursos públicos hacia nueva conectividad no es una peculiaridad de esta propuesta.
España identifica preliminarmente las denominadas zonas blancas y grises de redes de nueva generación a partir de información de cobertura disponible y somete luego esa identificación a consulta de operadores, administraciones públicas, regulador y otros agentes antes de determinar las zonas en las que pueden concederse ayudas públicas para extensión de redes.[4]
Italia utiliza también procedimientos de mapeo y consulta de operadores en sus programas de banda ultrarrápida. En un relevamiento concluido en 2026, por ejemplo, se examinaron intervenciones realizadas o planificadas hasta 2030 antes de la utilización de nuevos instrumentos de incentivo público, con participación de veintidós operadores.[5]
Los regímenes jurídicos y los instrumentos de financiamiento no son idénticos al argentino.
No corresponde copiarlos mecánicamente.
Pero muestran un método posible:
mapear, consultar, contrastar, intervenir.
Una política puede ser tecnológicamente neutral sin ser territorialmente ciega.
Y entonces aparece la cooperativa
Hasta aquí no fue necesario hablar de cooperativas.
Y eso es importante.
El criterio debería ser aplicable cualquiera sea la naturaleza jurídica del prestador.
Si existe infraestructura privada, pública, cooperativa o de cualquier otra clase que pueda contribuir razonablemente a resolver el problema, ninguna infraestructura existente debería ser invisible para la comparación.
En numerosos territorios del interior argentino existen redes operadas por cooperativas que forman parte de la infraestructura local de telecomunicaciones.
Su condición cooperativa no les otorga un derecho automático a recibir recursos del Servicio Universal.
Tampoco demuestra que puedan conectar una escuela determinada a un costo y en un plazo razonables.
Lo relevante para este análisis es, primero, la existencia de una capacidad territorial que eventualmente pueda ser aprovechada.
Después aparece una particularidad institucional.
Los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzados por el régimen continúan obligados, salvo las exenciones correspondientes, a realizar el aporte de inversión equivalente al uno por ciento de los ingresos previstos por el artículo 22 de la Ley 27.078.[6]
Esto comprende a los prestadores cooperativos cuando reúnen esas condiciones.
El antiguo Fondo Fiduciario del Servicio Universal fue disuelto en 2025 y el artículo 21 de la Ley 27.078 fue derogado, pero la política de Servicio Universal y la obligación de efectuar los aportes de inversión permanecieron vigentes.[7]
No significa que cada aportante tenga derecho a recuperar su contribución en su propio territorio.
El Servicio Universal no es una cuenta individual.
Pero permite formular una pregunta institucional:
¿cómo debería relacionarse una política financiada colectivamente por los prestadores con las capacidades que esos mismos prestadores ya tienen desplegadas en los territorios donde el Estado decide intervenir?
Lo que queda después de conectar
Supongamos dos alternativas imaginarias.
Una conecta una escuela rápidamente y cuesta 2.000.
Otra cuesta 8.000 pero extiende una red que, además, queda en condiciones de atender posteriormente otros usuarios.
¿Cuál es más barata?
Si sólo medimos el costo de conectar la escuela, la primera.
Si consideramos los efectos posteriores de la inversión, la comparación puede cambiar.
Ahora supongamos que la segunda cuesta 100.000.
Probablemente vuelva a cambiar.
Eso demuestra el punto.
No hay una tecnología ganadora antes de hacer la comparación.
Hay distintas variables que deberían entrar en ella.
Podemos llamar efecto territorial de la inversión al conjunto de consecuencias que una alternativa produce sobre el territorio además de satisfacer la necesidad inmediata.
Dentro de ese efecto puede existir algo más específico.
Propongo llamar aquí valor residual territorial a la capacidad adicional potencialmente utilizable que una inversión destinada a resolver una necesidad puntual deja disponible en el territorio después de satisfecha esa necesidad.
Es una categoría analítica, no un concepto establecido por la legislación del Servicio Universal.
Y requiere una prevención importante.
Infraestructura que queda no equivale automáticamente a valor que queda.
Una red adicional tendrá valor si existe una posibilidad razonable de utilización futura. Importan su vida útil, la demanda potencial, sus costos de mantenimiento, sus complementariedades con otras infraestructuras y el riesgo tecnológico.
Una inversión físicamente permanente puede tener escaso valor residual.
Una solución menos permanente puede producir efectos territoriales muy importantes.
Otra vez: hay que comparar.
¿Cuándo hay que mirar los mapas?
Aquí el caso argentino plantea una cuestión especialmente interesante.
Podríamos pensar que estos cuatro mapas deben superponerse cuando ya conocemos las 6.000 escuelas.
Pero quizá sea demasiado tarde.
Si para entonces la tecnología y el esquema de ejecución ya están definidos, algunas alternativas habrán quedado fuera de la comparación antes de que comience el análisis de cada establecimiento.
Por eso el relevamiento territorial puede tener que producirse en una etapa anterior:
durante el propio diseño de la política pública.
No significa que sea necesario realizar seis mil licitaciones distintas.
Tampoco que cada escuela deba recibir una solución diferente.
La homogeneidad puede generar eficiencias enormes y perfectamente legítimas.
Significa solamente que esas eficiencias deberían poder compararse con las capacidades existentes y los efectos territoriales de otras alternativas antes de que la elección tecnológica vuelva irrelevante la comparación.
Una hipótesis que puede ser refutada
Todavía no conocemos públicamente la nómina definitiva de los 6.000 establecimientos.
Cuando aparezca habrá una oportunidad extraordinaria para poner esta idea a prueba.
Podríamos encontrar escuelas completamente aisladas para las cuales la solución satelital resulte claramente superior.
Podríamos encontrar establecimientos próximos a redes que, pese a esa proximidad, no tengan capacidad razonable de extenderse.
Y podrían aparecer casos donde existan alternativas terrestres, inalámbricas o híbridas que merezcan comparación.
Si después de realizar ese análisis resultara que la solución satelital es la más eficiente para la enorme mayoría de los establecimientos, la hipótesis no habría fracasado.
El análisis territorial habría proporcionado precisamente aquello que interesa conocer:
por qué ésa era la mejor solución.
El método no está diseñado para demostrar que una tecnología es equivocada.
Está diseñado para evitar que la respuesta preceda a la pregunta.
La red que ya estaba allí
Una escuela sin conectividad puede aparecer como un punto pendiente.
Resolverlo importa.
Pero una política de Servicio Universal no decide solamente cómo conectar puntos.
Cada vez que invierte también decide, aunque no siempre lo advierta, qué capacidades aprovecha, cuáles construye y cuáles quedan fuera de su campo de visión.
Por eso una política pública territorialmente inteligente necesita superponer varios mapas.
El mapa de lo que falta.
El mapa de lo que ya existe.
El mapa de lo que puede hacerse con eso que existe.
Y el mapa de lo que cada alternativa dejará después de la inversión.
Puede ocurrir que, después de superponerlos, la mejor respuesta siga siendo una antena satelital.
Puede ocurrir que aparezca otra.
Lo importante es que la decisión haya visto el territorio completo.
Porque algunas veces, cuando levantamos la vista del punto que falta conectar, descubrimos algo que el primer mapa no mostraba:
la red ya estaba allí.
Notas
[1] Ente Nacional de Comunicaciones, Resoluciones 663/2026 y 857/2026. La Resolución 857/2026 refiere al Proyecto Específico “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina” y señala como destinatarios establecimientos educativos de gestión estatal o privada con cuota cero que carezcan de conectividad o cuenten con un servicio deficiente.
[2] ENACOM, Resolución 857/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2026. La resolución consigna una donación con cargo de Starlink Argentina S.R.L. por un importe equivalente a USD 9.978.000, destinada a 6.000 kits y veinticuatro meses de servicio, y USD 11.898.000 de recursos del Servicio Universal para instalación, gestión del servicio e incidencias, atención técnica, plataforma de control y monitoreo y doce meses adicionales de servicio. Monto total asignado: USD 21.876.000.
[3] ENACOM, Resolución 857/2026. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano es responsable de la selección y confección de la nómina georreferenciada de los establecimientos destinatarios y de la coordinación con las jurisdicciones provinciales y municipales.
[4] España, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, consultas públicas para la identificación de “Zonas Blancas NGA” y “Zonas Grises NGA”. La identificación preliminar parte de información disponible sobre cobertura de redes de nueva generación y es sometida a consulta de operadores, administraciones públicas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros agentes antes de consolidar la relación definitiva de zonas susceptibles de ayudas públicas.
[5] Italia, Infratel Italia, “Esiti Mappatura 2025 delle reti fisse: civici non collegabili Italia a 1 Giga”, 16 de febrero de 2026. El relevamiento examinó intervenciones ejecutadas o planificadas desde 2025 hasta junio de 2030 en localizaciones vinculadas al Piano Italia a 1 Giga, en perspectiva de nuevos instrumentos de incentivo público y conforme a las reglas europeas sobre ayudas a redes de banda ancha. Participaron veintidós operadores. Véanse asimismo los procedimientos de mapeo y consulta relativos a los civici di prossimità del Piano Italia a 1 Giga.
[6] Ley 27.078, artículo 22. La norma mantiene la obligación de los licenciatarios de Servicios de TIC de realizar aportes de inversión equivalentes al uno por ciento de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios comprendidos, netos de impuestos y tasas, salvo el régimen de exenciones previsto.
[7] Decreto 6/2025, artículos 3 y 4: disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y derogación del artículo 21 de la Ley 27.078. Resolución ENACOM 926/2025 y normativa complementaria. La Resolución 926/2025 recuerda expresamente que la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal y la obligación de efectuar los aportes de inversión permanecen vigentes después de la disolución del fideicomiso.
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