La cooperación frente a la soledad y el acceso efectivo a los derechos
n. 1210, viernes 7 de agosto de 2026.
El reciente Boletín N.º 35 del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM), dedicado a La soledad. Estrategias nacionales para su abordaje, invita a reflexionar sobre un fenómeno que suele analizarse desde la salud mental, la gerontología o las políticas sociales, pero cuya dimensión jurídica e institucional permanece insuficientemente explorada.
El boletín reúne experiencias desarrolladas en distintos países iberoamericanos y demuestra que la soledad no deseada constituye un desafío creciente para los sistemas de protección social. Las respuestas relevadas —redes comunitarias, programas de acompañamiento, estrategias territoriales, alfabetización digital, viviendas colaborativas y espacios de participación— tienen un denominador común: reconstruir vínculos sociales para fortalecer la autonomía de las personas mayores.
Sin embargo, el aporte más profundo del documento quizás permita formular una pregunta distinta.
¿Y si la soledad no fuera solamente un problema de bienestar?
¿Y si fuera, además, una verdadera barrera para el acceso efectivo a los derechos?
Esta perspectiva modifica el eje del análisis.
Una persona puede ser formalmente titular del derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación permanente, a la cultura, a la información, a la justicia o a los servicios públicos. Sin embargo, esos derechos pueden permanecer inalcanzables cuando desaparecen las redes familiares, comunitarias o institucionales que permiten conocerlos, comprenderlos, reclamarlos y ejercerlos.
El derecho existe.
Lo que falta es la posibilidad real de acceder a él.
Esta diferencia entre reconocimiento jurídico y ejercicio efectivo constituye uno de los grandes desafíos contemporáneos del Estado social y democrático de derecho.
En ese contexto, la cooperación adquiere un significado que trasciende ampliamente la prestación de bienes y servicios.
Las cooperativas no solamente producen energía, agua, conectividad, vivienda, salud, trabajo o crédito.
También producen organización social.
Construyen confianza.
Generan información.
Facilitan la participación.
Crean representación colectiva.
En otras palabras, producen las condiciones que permiten transformar derechos formales en derechos efectivamente ejercidos.
Desde esta perspectiva, la cooperación puede comprenderse como una verdadera infraestructura de acceso a los derechos.
La expresión merece ser desarrollada.
Habitualmente asociamos la palabra infraestructura a caminos, hospitales, escuelas, redes eléctricas o sistemas de comunicaciones. Sin embargo, existen infraestructuras menos visibles, aunque igualmente indispensables: aquellas que sostienen los vínculos sociales mediante los cuales las personas pueden desenvolverse autónomamente en la vida cotidiana.
Una persona mayor que vive sola difícilmente pueda realizar determinados trámites digitales, trasladarse a un establecimiento sanitario, conocer una prestación disponible, formular un reclamo administrativo o sostener un tratamiento prolongado sin algún tipo de apoyo relacional.
Ese apoyo no disminuye su autonomía.
Por el contrario, la hace posible.
La autonomía no siempre depende de la ausencia de vínculos.
Muchas veces depende de la existencia de vínculos adecuados.
Allí reside la diferencia entre una comunidad organizada y una simple suma de individuos.
Las experiencias recopiladas por el PICSPAM muestran precisamente esa lógica. Los programas de acompañamiento territorial, las visitas domiciliarias, los agentes comunitarios, las estrategias de alfabetización digital, las viviendas con espacios comunes y las redes de participación no buscan únicamente combatir la soledad. También reconstruyen capacidades para ejercer derechos, prevenir vulneraciones y sostener proyectos de vida autónomos.
Este enfoque posee una enorme importancia para el movimiento cooperativo.
Durante décadas las cooperativas fueron comprendidas principalmente como organizaciones destinadas a satisfacer necesidades económicas comunes.
Sin abandonar esa función histórica, hoy resulta posible reconocer otra dimensión igualmente relevante.
Las cooperativas constituyen organizaciones capaces de producir comunidad.
Y producir comunidad significa generar las condiciones sociales necesarias para que el acceso a los derechos deje de depender exclusivamente de las capacidades individuales de cada persona.
Si la comunidad organizada constituye una infraestructura de acceso, entonces fortalecer el cooperativismo deja de ser únicamente una política de promoción económica.
Las cooperativas de servicios públicos acercan infraestructura esencial a territorios donde el mercado no encuentra incentivos suficientes.
Las cooperativas de vivienda organizan espacios donde la convivencia fortalece las redes de apoyo.
Las cooperativas de salud integran atención sanitaria con prevención y participación.
Las cooperativas de trabajo crean ámbitos de integración económica y social.
Las cooperativas de cuidados comienzan a ofrecer respuestas frente al envejecimiento y la dependencia.
Las cooperativas de conectividad reducen la exclusión digital que hoy limita el ejercicio de innumerables derechos.
En todos esos casos, el producto principal no es solamente el servicio.
Es también la construcción de capacidades comunitarias.
Por ello, la cooperación no debe ser concebida únicamente como una modalidad empresarial diferente.
Debe ser reconocida como un componente de la arquitectura institucional del acceso a los derechos.
Esta afirmación posee consecuencias relevantes para las políticas públicas.
Pasa a integrar las políticas destinadas a garantizar derechos humanos.
El desafío no consiste en sustituir al Estado mediante organizaciones comunitarias.
Tampoco en trasladar a las cooperativas responsabilidades públicas que les son ajenas.
La verdadera tarea consiste en construir una articulación inteligente entre Estado, organizaciones cooperativas y comunidades locales para remover las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos.
En sociedades crecientemente envejecidas, digitalizadas y fragmentadas, la soledad ya no puede analizarse exclusivamente como un problema individual.
Es también un indicador del debilitamiento de las redes que sostienen la ciudadanía.
Por eso, quizás la mayor contribución que el cooperativismo pueda ofrecer durante las próximas décadas no consista únicamente en producir más bienes o prestar más servicios.
Tal vez su aporte más profundo sea reconstruir aquello que permite acceder a todos ellos.
La comunidad organizada.
Porque allí donde la soledad rompe los vínculos, la cooperación puede volver a tejerlos.
Y cuando esos vínculos se organizan democráticamente dejan de ser solamente relaciones humanas.
Se convierten en una auténtica infraestructura para el ejercicio efectivo de los derechos.
Referencia
Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM). Boletín N.º 35. La soledad. Estrategias nacionales para su abordaje. Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2026.
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