La desregulación del GLP y una nueva oportunidad para las cooperativas y las SAPEM
n. 1208, miércoles 5 de agosto de 2026.
Las reformas regulatorias más importantes no siempre producen sus efectos en el sector al que aparentemente se dirigen. En ocasiones, modifican silenciosamente los incentivos económicos de otros mercados y terminan alterando decisiones de inversión, estrategias empresariales y políticas públicas que nadie había asociado con la norma original.
Eso puede estar ocurriendo con el proceso de desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La atención pública se concentró, como era previsible, en la liberalización de los precios, la simplificación de requisitos regulatorios y los cambios introducidos para los operadores del sector. Sin embargo, existe una consecuencia de largo plazo que merece ser analizada: la nueva relación económica entre el GLP y el gas natural puede transformar la viabilidad de numerosos proyectos de expansión de redes, especialmente en pequeñas y medianas localidades.
Si esa hipótesis se confirma, la desregulación del GLP podría terminar fortaleciendo, indirectamente, a quienes históricamente han construido infraestructura allí donde el mercado tradicional no encontraba escala suficiente: las cooperativas de servicios públicos y las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).
Una discusión que no debería limitarse al precio de la garrafa
Es comprensible que la primera reacción frente a la liberalización del GLP sea preguntarse cuánto costará una garrafa.
Pero esa no es la única pregunta relevante.
El GLP y el gas natural por redes no son simplemente dos combustibles diferentes. Son dos modelos completamente distintos de abastecimiento energético.
El primero depende de una logística permanente. Cada unidad de energía consumida exige producir, fraccionar, transportar, almacenar, distribuir y reponer envases. Ese proceso se repite una y otra vez durante toda la vida útil del sistema.
El segundo concentra el esfuerzo económico en una infraestructura inicial. Una vez construida la red, el abastecimiento se realiza de manera continua, con costos operativos significativamente menores y con una vida útil que puede extenderse durante varias décadas.
La diferencia, entonces, no radica únicamente en el precio del combustible.
Radica en la existencia —o ausencia— de infraestructura.
El verdadero costo de no tener red
Durante muchos años, la regulación del GLP permitió amortiguar parte del costo que supone abastecer localidades sin acceso al gas natural.
Esa política cumplió una función social innegable y permitió garantizar el suministro en vastas regiones del país.
Sin embargo, también tuvo un efecto menos visible: hizo menos evidente el costo económico que representa sostener indefinidamente un sistema basado en una logística permanente.
Cuando el mercado comienza a reflejar con mayor intensidad los costos reales de producción, transporte y comercialización del GLP, cambia también la comparación con el gas natural por redes.
No significa que toda red resulte automáticamente rentable.
Significa algo mucho más importante: muchos proyectos deberán volver a calcularse bajo una nueva realidad económica.
Y algunos de ellos podrían pasar de ser inviables a resultar razonables.
Cuando los números también cambian
Hasta aquí el análisis ha sido institucional. Pero la cuestión puede comprenderse mejor mediante un ejemplo simplificado.
Imaginemos dos localidades de características similares, con aproximadamente 2.500 usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y edificios públicos.
La primera continúa abasteciéndose mediante GLP.
La segunda dispone de una red de gas natural operada por una cooperativa o una SAPEM.
En la localidad abastecida con GLP, el costo del servicio no depende únicamente del precio del combustible. Deben considerarse también el fraccionamiento, los envases, el transporte desde los centros de producción, el almacenamiento, la distribución local, la reposición de recipientes y toda la estructura logística necesaria para que cada kilogramo de energía llegue al usuario final.
En la localidad con red de gas natural la lógica económica es diferente. La mayor inversión se concentra al comienzo del proyecto: el gasoducto de aproximación, la estación reguladora, la red de distribución y las conexiones domiciliarias. Una vez ejecutada esa infraestructura, el costo de abastecer a cada nuevo usuario disminuye considerablemente, porque la energía circula por una red permanente y no mediante una cadena logística que debe repetirse con cada entrega.
Mientras el GLP permaneció sujeto a fuertes mecanismos regulatorios de precios, la diferencia económica entre ambos modelos podía resultar menos evidente. Sin embargo, cuando el precio del GLP comienza a reflejar en mayor medida los costos reales del mercado, cambia el horizonte de evaluación.
Ya no alcanza con preguntarse cuánto cuesta construir una red.
La pregunta correcta pasa a ser otra:
¿Cuánto costará, durante los próximos veinte o treinta años, continuar abasteciendo esa misma comunidad sin construirla?
Ese cambio de perspectiva modifica la forma de evaluar la inversión.
Lo que antes parecía un gasto inicial excesivo puede convertirse en una decisión económicamente eficiente cuando se analiza el costo total del abastecimiento durante toda la vida útil de la infraestructura.
Por supuesto, ello no significa que todas las localidades deban construir inmediatamente una red de gas natural. Cada proyecto exige analizar la distancia al punto de suministro, la capacidad disponible del sistema, la demanda firme, la posibilidad de incorporar usuarios industriales, la inversión necesaria, el plazo de recuperación y las condiciones regulatorias aplicables.
Pero sí significa que la desregulación del GLP obliga a revisar muchos proyectos con una mirada diferente.
La energía constituye uno de esos derechos instrumentales sin los cuales el desarrollo económico, la producción, la educación, la salud y la vida cotidiana encuentran límites muy concretos.
Cooperativas y SAPEM: los actores mejor posicionados
Aquí aparece un aspecto que rara vez forma parte del debate regulatorio.
Las cooperativas y las SAPEM no son simplemente prestadoras de servicios públicos.
Son organizaciones capaces de transformar una demanda dispersa en un proyecto colectivo de infraestructura.
Las cooperativas aportan arraigo territorial, participación comunitaria, capacidad para organizar aportes de los usuarios y una lógica de gestión orientada al servicio antes que a la maximización de beneficios.
Las SAPEM, por su parte, incorporan la capacidad de articular políticas públicas locales, coordinar inversiones con los gobiernos municipales y acceder a esquemas de financiamiento que muchas veces resultan inaccesibles para operadores privados.
No cumplen exactamente la misma función.
Pero ambas comparten una característica decisiva: pueden desarrollar infraestructura allí donde el mercado tradicional encuentra dificultades para hacerlo.
Por esa razón, una modificación en la ecuación económica del GLP puede representar una oportunidad particularmente relevante para estos operadores territoriales.
Una coincidencia regulatoria que merece atención
Este escenario adquiere mayor interés si se lo analiza junto con la reciente actualización del régimen aplicable a las subdistribuidoras de gas natural.
Mientras una serie de medidas tiende a liberalizar el mercado del GLP, el nuevo régimen para las autorizaciones de subdistribución procura modernizar el marco regulatorio para nuevos operadores locales.
Ambos procesos responden a lógicas diferentes.
Pero pueden converger en un mismo resultado.
Por un lado, la liberalización del GLP modifica los incentivos económicos.
Por otro, la actualización regulatoria facilita el desarrollo institucional de nuevos proyectos de distribución local.
La combinación de ambas circunstancias puede abrir una etapa distinta para la expansión de las redes en localidades de pequeña y mediana escala.
Una agenda para los gobiernos locales
Este nuevo escenario también interpela a municipios, provincias y comunidades.
Quizá haya llegado el momento de revisar proyectos que durante años permanecieron archivados por falta de viabilidad económica.
Localidades abastecidas mediante GLP.
Parques industriales alejados de las redes existentes.
Pequeñas comunidades rurales.
Desarrollos urbanos en expansión.
Todos ellos merecen ser analizados nuevamente bajo las nuevas condiciones del mercado energético.
No para reemplazar indiscriminadamente un sistema por otro.
Sino para determinar, con criterios técnicos, económicos y regulatorios, cuándo la inversión en infraestructura puede generar beneficios permanentes para la comunidad.
Construir acceso
Hemos sostenido reiteradamente que las cooperativas no sólo prestan servicios públicos.
Construyen acceso.
Construyen las condiciones materiales que permiten ejercer derechos.
La desregulación del GLP no garantiza, por sí sola, una expansión de las redes de gas natural.
Pero puede hacer visible algo que durante muchos años permaneció oculto: el costo económico de no contar con infraestructura permanente.
Y cuando ese costo se vuelve evidente, también aparece una nueva oportunidad para quienes históricamente han demostrado que el desarrollo local no comienza cuando llega el mercado, sino cuando una comunidad decide organizarse para construir el acceso.
Porque, en definitiva, el verdadero debate no consiste en cuánto cuesta una garrafa.
Consiste en decidir qué comunidades seguirán pagando indefinidamente el costo de no tener red y cuáles aprovecharán esta nueva etapa regulatoria para transformar una señal de precios en una política de infraestructura y desarrollo local.
Cuando los números también cambian
Hasta aquí el análisis ha sido institucional. Pero la cuestión puede comprenderse mejor mediante un ejemplo simplificado.
Imaginemos dos localidades de características similares, con aproximadamente 2.500 usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y edificios públicos.
La primera continúa abasteciéndose mediante GLP.
La segunda dispone de una red de gas natural operada por una cooperativa o una SAPEM.
En la localidad abastecida con GLP, el costo del servicio no depende únicamente del precio del combustible. Deben considerarse también el fraccionamiento, los envases, el transporte desde los centros de producción, el almacenamiento, la distribución local, la reposición de recipientes y toda la estructura logística necesaria para que cada kilogramo de energía llegue al usuario final.
En la localidad con red de gas natural la lógica económica es diferente. La mayor inversión se concentra al comienzo del proyecto: el gasoducto de aproximación, la estación reguladora, la red de distribución y las conexiones domiciliarias. Una vez ejecutada esa infraestructura, el costo de abastecer a cada nuevo usuario disminuye considerablemente, porque la energía circula por una red permanente y no mediante una cadena logística que debe repetirse con cada entrega.
Mientras el GLP permaneció sujeto a fuertes mecanismos regulatorios de precios, la diferencia económica entre ambos modelos podía resultar menos evidente. Sin embargo, cuando el precio del GLP comienza a reflejar en mayor medida los costos reales del mercado, cambia el horizonte de evaluación.
Ya no alcanza con preguntarse cuánto cuesta construir una red.
La pregunta correcta pasa a ser otra: ¿cuánto costará, durante los próximos veinte o treinta años, continuar abasteciendo esa misma comunidad sin construirla?
Ese cambio de perspectiva modifica la forma de evaluar la inversión.
Lo que antes parecía un gasto inicial excesivo puede convertirse en una decisión económicamente eficiente cuando se analiza el costo total del abastecimiento a lo largo de toda la vida útil de la infraestructura.
Por supuesto, ello no significa que todas las localidades deban construir inmediatamente una red de gas natural. Cada proyecto exige analizar la distancia al punto de suministro, la capacidad disponible del sistema de transporte y distribución, la demanda firme, la posibilidad de incorporar usuarios industriales, la inversión necesaria, el plazo de recuperación y las condiciones regulatorias aplicables.
Pero sí significa que la desregulación del GLP obliga a revisar muchos proyectos con una mirada diferente.
Y allí aparece una oportunidad institucional de enorme importancia.
Las cooperativas y las SAPEM conocen el territorio, administran otros servicios públicos, mantienen una relación permanente con los usuarios y poseen capacidad para organizar la demanda local. Esa combinación les permite realizar estudios de factibilidad que integren no sólo variables económicas, sino también objetivos de desarrollo territorial, competitividad productiva y acceso equitativo a la energía.
Quizá la consecuencia más importante de la desregulación del GLP no sea un cambio inmediato en el precio de las garrafas.
Quizá sea que muchas comunidades comiencen, por primera vez en años, a preguntarse seriamente si ha llegado el momento de invertir en una infraestructura que las acompañe durante las próximas generaciones.
Pablo Rodofili
pablorodofili@icloud.com
Deja un comentario