Pablo Rodofili
Informe matutino
n. 1207, martes 4 de agosto 2026
Hay problemas sociales que no se resuelven sólo con una prestación.
La salud mental, la discapacidad, los cuidados comunitarios y la inclusión sociolaboral no admiten respuestas puramente administrativas. Tampoco alcanzan las soluciones reducidas al lenguaje sanitario, ni los dispositivos que tratan a las personas como destinatarias pasivas de asistencia.
Lo que allí se juega es más profundo.
Se trata de construir continuidad, comunidad, trabajo, vínculos, reconocimiento y organización.
Una persona con padecimiento de salud mental no necesita solamente un expediente, una prestación o una derivación. Una persona con discapacidad no necesita ser reconocida únicamente a través de un certificado. Una familia atravesada por tareas de cuidado no necesita sólo que alguien declare la importancia abstracta de cuidar.
Necesitan apoyos reales.
Necesitan lugares donde participar, trabajar, aprender, vincularse, producir, ser reconocidas y sostener un proyecto de vida.
En ese punto, las cooperativas sociales aparecen como una figura especialmente valiosa. No porque sean una fórmula mágica. No porque el cooperativismo pueda reemplazar al Estado. Sino porque permiten organizar jurídicamente algo que muchas veces existe de manera frágil, dispersa o sostenida sólo por la voluntad de equipos, familias, usuarios, trabajadores y organizaciones territoriales.
La Argentina ya dio algunos pasos importantes.
El INAES reconoció el interés cooperativo de las cooperativas sociales, promovió cooperativas de trabajo de cuidado, creó una unidad específica vinculada inicialmente con salud mental y luego amplió el campo hacia cooperativas de inclusión sociolaboral integradas por personas con discapacidades diversas.
No estamos, entonces, frente a un desierto normativo.
Pero tampoco estamos frente a un régimen suficientemente consolidado.
Lo que existe es un reconocimiento administrativo inicial, valioso y necesario, que abrió una puerta. Lo que falta es construir una arquitectura más robusta, capaz de dar estabilidad a las experiencias, ordenar su relación con el Estado, articularlas con salud, discapacidad, desarrollo social, municipios, provincias, mutuales y obras sociales, proteger a las personas involucradas, favorecer condiciones de trabajo decente, asegurar control público adecuado y preservar la autonomía cooperativa.
Ese es el punto pendiente.
Porque si las cooperativas sociales quedan libradas sólo al esfuerzo militante, profesional o comunitario de quienes las impulsan, corren el riesgo de sobrevivir como experiencias excepcionales. Pero si se las regula mal, pueden terminar convertidas en una forma barata de tercerizar obligaciones públicas o en una etiqueta solidaria para encubrir precariedad.
El riesgo no es menor.
Una política pública puede hablar de comunidad y, al mismo tiempo, vaciar los dispositivos que la hacen posible. Puede invocar la inclusión y financiar únicamente prestaciones fragmentadas. Puede reconocer la importancia del trabajo y no construir ningún camino real para que las personas accedan a una actividad útil, acompañada y socialmente reconocida.
Por eso la discusión sobre cooperativas sociales no es marginal.
Es parte de una pregunta más amplia: cómo responde una democracia frente a la vulnerabilidad.
Puede responder con encierro, sospecha, clasificación y administración de daños. O puede construir instituciones capaces de sostener autonomía, apoyos, pertenencia y participación.
Las cooperativas sociales se ubican en ese segundo camino.
No son simples proveedoras. No son dispositivos terapéuticos disfrazados. No son empresas asistenciales comunes. Son organizaciones económicas, democráticas y comunitarias que pueden reunir trabajo, cuidado, inclusión, participación y control social.
Consolidar un régimen de cooperativas sociales no significa burocratizar la experiencia comunitaria. Significa darle condiciones de existencia, previsibilidad y protección.
Significa reconocer que la inclusión no se declama: se organiza.
Y que la comunidad, para no quedar convertida en una palabra cómoda, necesita instituciones capaces de sostenerla.
pablorodofili@icloud.com
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