Pablo Rodofili
n. 1226, viernes 30 de octubre de 2026
Cada vez que una federación presenta observaciones a un proyecto de ley, que una cooperativa participa en una audiencia pública convocada por un organismo regulador, que una confederación elabora un documento técnico para el Congreso o que una entidad de integración defiende un principio histórico del cooperativismo frente a una reforma legislativa, está ocurriendo algo más que una gestión institucional.
Está ocurriendo cooperativismo.
Sin embargo, pocas veces pensamos esas actividades como parte de la misión propia de nuestras organizaciones.
Las cooperativas saben administrar servicios públicos, organizar el trabajo, construir viviendas, prestar servicios de salud, financiar proyectos productivos o satisfacer las necesidades de sus asociados. Ésa es su razón de ser y nadie la discute.
Pero hay otra tarea que el movimiento cooperativo realiza desde hace décadas y que rara vez recibe el mismo reconocimiento: contribuir a mejorar el entorno institucional dentro del cual luego deberá desarrollar todas esas actividades.
La historia del cooperativismo argentino está llena de ejemplos.
La defensa de la Ley 11.380, que mantiene vigente el compromiso del Estado con la promoción del cooperativismo; la incorporación del acto cooperativo como categoría propia del derecho; las reformas que facilitaron la continuidad de empresas recuperadas; la participación en el desarrollo de políticas de vivienda autogestionaria; los aportes realizados al debate sobre la inclusión sociolaboral en salud mental; o la presencia del cooperativismo argentino en la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional no son episodios aislados.
Expresan una misma realidad.
El cooperativismo no sólo actúa dentro de las instituciones.
También contribuye a construirlas, preservarlas y transformarlas.
Esta constatación tiene consecuencias prácticas.
Si aceptamos que esa tarea forma parte de la misión cooperativa, entonces la incidencia institucional deja de ser una actividad excepcional, reservada para los momentos de crisis o para las entidades de tercer grado.
Pasa a convertirse en una responsabilidad permanente de todo el movimiento.
Cada cooperativa aporta información sobre los problemas reales que enfrentan sus asociados. Las federaciones transforman esa experiencia en propuestas sectoriales. Las confederaciones articulan una visión de conjunto y dialogan con los poderes públicos. Los profesionales elaboran fundamentos técnicos. Las universidades producen conocimiento. Los dirigentes construyen consensos.
Ninguno de esos aportes, por sí solo, modifica una institución.
Pero todos juntos explican por qué el cooperativismo ha logrado influir, a lo largo de su historia, en leyes, políticas públicas, decisiones regulatorias y desarrollos doctrinarios que hoy forman parte del patrimonio institucional del país.
Quizás haya llegado el momento de reconocer expresamente esta función.
No para agregar una nueva carga a los consejos de administración, sino para comprender mejor una responsabilidad que ya ejercen, muchas veces sin advertirlo.
Porque gobernar una cooperativa no consiste únicamente en administrar correctamente sus recursos.
También implica comprender el entorno institucional, participar en su mejora y contribuir, desde la experiencia cooperativa, a construir reglas más justas, más eficaces y más acordes con las necesidades de las comunidades.
Ésa es una función que el cooperativismo argentino ha desempeñado durante más de un siglo.
Tal vez el desafío pendiente no sea empezar a ejercerla.
Sea, simplemente, empezar a nombrarla.
Pablo Rodofili
pablorodofili@icloud.com
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