Informe matutino
n. 1195
Viernes 17 de julio de 2026
Pablo Rodofili
pablorodofili@icloud.com
En los próximos años, muchas cooperativas deberán revisar sus estatutos, reglamentos y mecanismos de financiamiento de la infraestructura. La discusión ya no girará solamente en torno a cuánto invertir, sino también a cómo construir reglas que permitan sostener los sistemas comunitarios de acceso con legitimidad jurídica y consenso social.
Anticiparse a ese debate puede evitar conflictos futuros y fortalecer la capacidad de la cooperativa para seguir cumpliendo su función.
Pero las personas no necesitan solamente agua, electricidad, gas o conectividad. También necesitan ser cuidadas.
Durante mucho tiempo, el cuidado de las personas mayores fue entendido como una cuestión casi exclusivamente familiar. Se daba por supuesto que, cuando resultara necesario, habría hijos, hijas u otros parientes disponibles para acompañar, organizar la vida cotidiana y atender las necesidades que aparecieran.
Ese modelo nunca fue tan natural como parecía. Descansó, en gran medida, sobre el trabajo silencioso y frecuentemente no remunerado de las mujeres. Ahora, además, comienzan a modificarse las condiciones demográficas y sociales que permitieron sostenerlo.
La Argentina tiene menos nacimientos, familias más pequeñas y una población que envejece. La tasa global de fecundidad, que durante los primeros años de este siglo se mantuvo alrededor de 2,4 hijos por mujer, descendió a 1,4 en 2022. Al mismo tiempo, la base de la pirámide poblacional se estrecha y adquieren mayor peso los grupos de edades avanzadas. Las proyecciones oficiales del INDEC para el período 2022-2040 muestran que el envejecimiento continuará y que la población crecerá a un ritmo mucho más lento. (Indec)
En muchas localidades del interior, esa transformación adquiere características particulares.
A la menor cantidad de nacimientos y a la mayor longevidad se suma la salida de jóvenes que se trasladan hacia ciudades más grandes para estudiar, trabajar o desarrollar proyectos que sus comunidades de origen no siempre pueden ofrecerles.
No todos se van definitivamente ni dejan de acompañar a sus padres. La distancia tampoco elimina los vínculos afectivos. Un hijo puede llamar todos los días, contribuir económicamente y participar de las decisiones importantes.
Pero difícilmente pueda advertir desde cientos de kilómetros que su madre comenzó a alimentarse mal, acompañar a su padre a una consulta inesperada o responder con rapidez ante una caída durante la noche.
En esos pueblos, el problema no será únicamente que habrá más personas mayores. Habrá también menos familiares jóvenes presentes en el territorio para brindar los apoyos cotidianos que durante décadas se dieron por supuestos.
La escena ya puede reconocerse. Una persona continúa viviendo sola en la casa en la que pasó buena parte de su vida. Sus hijos residen en otra ciudad. Los vecinos ayudan cuando pueden. El hospital atiende la urgencia. El municipio procura responder a las situaciones más graves. Una cuidadora concurre algunas horas, si la familia consigue encontrarla y puede afrontar el costo.
No existe necesariamente abandono. Lo que falta es una organización estable que reúna esas intervenciones dispersas.
El cuidado aparece, entonces, cuando algo falla.
Tal vez sea necesario comenzar a pensarlo antes.
Una institución que permanece
La cuestión interpela especialmente a las cooperativas de servicios públicos porque muchas de ellas nacieron y continúan actuando en esas mismas localidades.
Cuando otros actores no encontraron escala económica suficiente para construir una red eléctrica, llevar agua, distribuir gas o prestar comunicaciones, las comunidades se organizaron cooperativamente. Reunieron recursos, asumieron riesgos, establecieron reglas y construyeron sistemas que ninguna familia habría podido sostener por sí sola.
Por eso, las cooperativas nunca se limitaron a administrar agua o electricidad.
Administraron la posibilidad de acceder a ellas.
La diferencia no es solamente retórica. El agua puede existir sin que una población tenga acceso seguro a ella. La electricidad puede encontrarse a pocos kilómetros y, sin embargo, no llegar a una localidad. Entre la existencia de un bien esencial y su disponibilidad concreta hay una infraestructura, una organización y unas reglas que deben ser construidas y preservadas.
Esa fue, históricamente, una de las funciones centrales del cooperativismo.
Ahora aparece una necesidad distinta, pero con algunos rasgos conocidos.
Ninguna familia puede formar por sí sola a todas las personas que algún día podría necesitar, organizar reemplazos permanentes, sostener una plataforma de asistencia, adquirir determinadas tecnologías y garantizar que alguien responderá cada vez que ocurra una urgencia.
La alternativa tampoco puede consistir únicamente en comprar prestaciones aisladas en un mercado frecuentemente informal, desigual y difícil de controlar.
Entre la necesidad de cuidado y la posibilidad real de recibirlo también debe existir una infraestructura.
No se trata solamente de edificios. La infraestructura del cuidado está formada por personas capacitadas, reglas claras, información, viviendas adecuadas, tecnología, transporte, coordinación sanitaria, mecanismos de financiamiento y vínculos de confianza.
Su construcción no corresponde exclusivamente a las cooperativas. El cuidado seguirá involucrando a las familias, al Estado, los municipios, los hospitales, las obras sociales, los prestadores privados y las organizaciones comunitarias.
Pero las cooperativas poseen algo que será cada vez más valioso: proximidad organizada.
Conocen el territorio, mantienen una relación estable con sus asociados, llegan regularmente a los hogares y forman parte de la vida cotidiana de la comunidad. Muchas permanecen allí cuando los jóvenes se marchan y cuando otros prestadores reducen o retiran sus servicios.
En algunos pueblos, la cooperativa es una de las pocas instituciones que atraviesa generaciones.
Ese conocimiento no le otorga derecho a invadir la intimidad de nadie ni la convierte automáticamente en una organización capacitada para cuidar. Pero le permite advertir cambios, reunir actores y comenzar a construir respuestas antes de que las dificultades adquieran una dimensión crítica.
Invertir antes de la urgencia
Pensar en la infraestructura del cuidado no significa que cada cooperativa deba construir una residencia para personas mayores.
Una inversión inmobiliaria adoptada sin diagnóstico, escala suficiente, capacidades profesionales ni un modelo económico sostenible puede comprometer recursos esenciales y producir una estructura difícil de mantener.
La primera decisión no consiste en comprar un terreno.
Consiste en mirar la comunidad.
¿Cuántas personas mayores viven solas? ¿Cuántas tienen a sus familiares en otras ciudades? ¿Qué servicios domiciliarios existen? ¿Cuánto demora una ambulancia? ¿Qué ocurre cuando una cuidadora se enferma? ¿Qué posibilidades tiene una persona de continuar en su hogar cuando comienza a necesitar ayuda?
Responder esas preguntas también es invertir.
Permite conocer una demanda que todavía no siempre se expresa formalmente, pero que ya aparece en conversaciones familiares, consultas médicas, dificultades para conseguir acompañantes y situaciones de aislamiento.
Las cooperativas deberán examinar, además, sus propias capacidades. Algunas podrán incorporar prestaciones complementarias. Otras necesitarán modificar sus estatutos, constituir una nueva entidad, integrarse con cooperativas especializadas o actuar mediante federaciones y organizaciones de segundo grado.
No toda actividad socialmente necesaria puede incorporarse sin más a una cooperativa ya existente. El cuidado involucra responsabilidades sanitarias, profesionales, patrimoniales, laborales y vinculadas con la protección de datos personales. Requiere definir quién puede prestar cada servicio, bajo qué supervisión y con qué protocolos.
También obliga a discutir cómo se financia el sistema.
Una contribución igual para todos puede resultar insuficiente o inequitativa. Un precio puramente individual puede excluir a quienes más necesitan el servicio. Una prestación completamente gratuita puede ser imposible de sostener.
Como ocurrió con las redes de agua, electricidad o gas, no bastará con reconocer la necesidad. Habrá que acordar quién contribuye, cuánto aporta, qué prestaciones recibe y qué mecanismos solidarios permiten atender las situaciones de mayor vulnerabilidad.
La inversión más urgente puede no ser material.
Antes que edificios, pueden faltar cuidadores capacitados, enfermeros comunitarios, acompañantes, técnicos y coordinadores capaces de articular la asistencia social con el sistema de salud.
Una comunidad puede disponer de un centro nuevo y, sin embargo, no contar con personas preparadas para hacerlo funcionar. La infraestructura vacía de capacidades humanas es apenas una construcción.
La tecnología tendrá también un lugar importante. La teleasistencia, los dispositivos de alerta, el monitoreo remoto y las herramientas de coordinación pueden ayudar a preservar la autonomía y permitir que muchas personas permanezcan más tiempo en sus hogares.
Pero ninguna tecnología cuida por sí sola.
Detectar una caída solo resulta útil si alguien sabe que debe intervenir, puede llegar a tiempo y cuenta con autorización y preparación suficientes. Una alarma sin una red humana detrás apenas registra el problema.
La tecnología puede ampliar la capacidad de cuidar. No debería convertirse en una excusa para retirar la presencia humana.
Más adelante podrán desarrollarse centros de día, viviendas adaptadas, unidades temporarias de recuperación, espacios de descanso para las familias cuidadoras, sistemas de transporte o residencias especializadas. Cada comunidad necesitará una combinación diferente.
En muchos casos, la escala adecuada no será la de una cooperativa aislada. Varias entidades podrán compartir recursos con municipios, hospitales, universidades, obras sociales y organizaciones comunitarias.
La respuesta cooperativa no consiste necesariamente en hacerlo todo.
Consiste en evitar que aquello que debe organizarse entre muchos quede librado a la soledad de cada familia.
Una experiencia que ya comenzó
El cooperativismo argentino no parte de cero.
La Resolución INAES 1017/2020 promovió la constitución de cooperativas de trabajo dedicadas al cuidado de niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas enfermas, así como al acompañamiento de sus grupos familiares. Más tarde, distintas normas reconocieron y procuraron ordenar experiencias de cooperación social vinculadas con la salud mental y la inclusión sociolaboral. (Argentina)
La Resolución INAES 1366/2022 creó una unidad específica para cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad psicosocial, y la Resolución 3628/2022 recuperó expresamente la experiencia iniciada en Trieste y su posterior institucionalización en Italia mediante la Ley 381 de 1991. (Argentina)
Las experiencias argentinas no se limitaron a copiar aquel modelo.
Lo incorporaron y recrearon en condiciones locales, muchas veces antes de contar con suficiente reconocimiento oficial y todavía sin un régimen legal integral de cooperación social.
Equipos de salud, familiares, trabajadores y organizaciones comunitarias encontraron en la cooperativa una herramienta capaz de vincular trabajo, producción, acompañamiento e inclusión.
Ese aprendizaje tiene valor más allá del campo específico de la salud mental.
Demuestra que el cooperativismo puede organizar respuestas donde las categorías tradicionales separan problemas que, en la vida de las personas, aparecen unidos: vivienda, salud, trabajo, autonomía, afectos y participación en la comunidad.
El cuidado de una población que envejece también requerirá esa mirada.
No todas las personas mayores necesitarán lo mismo. Algunas solo requerirán una ayuda ocasional. Otras necesitarán asistencia domiciliaria diaria. Algunas podrán vivir en viviendas colaborativas. Otras deberán acceder a instituciones especializadas.
La finalidad no debería ser institucionalizar anticipadamente la vejez, sino construir los apoyos necesarios para que cada persona conserve durante el mayor tiempo posible su autonomía, sus vínculos y su lugar en la comunidad.
La próxima red
Las cooperativas de servicios públicos aprendieron que las infraestructuras esenciales no se construyen cuando la necesidad ya se ha vuelto insoportable.
Una red de agua se proyecta antes de que falte el agua. Una red eléctrica se amplía antes de que la demanda supere por completo su capacidad. Las inversiones se realizan con anticipación porque, cuando el sistema colapsa, las soluciones son más costosas, apresuradas e injustas.
No existe razón para imaginar que la infraestructura del cuidado podrá improvisarse cuando las familias ya no logren sostenerla.
Comenzar hoy no significa precipitarse a prestar servicios para los cuales una cooperativa no está preparada. Significa estudiar, conversar, formar personas, revisar estatutos, construir acuerdos y ensayar respuestas de escala prudente.
Significa también reconocer que los asociados no son solamente usuarios de agua, electricidad o gas.
Son personas que viven, trabajan, forman familias, ven partir a sus hijos y envejecen en la comunidad.
La cooperativa que las acompañó durante décadas no está obligada a resolver por sí sola todas las necesidades de esa etapa. Pero puede ayudar a evitar que cada una de ellas deba enfrentarlas aisladamente.
Durante más de un siglo, el cooperativismo organizó la posibilidad de acceder a bienes y servicios que ninguna persona podía garantizar por sí sola.
La transformación demográfica plantea ahora un desafío semejante.
Tal vez la próxima gran red que las comunidades deberán construir no corra debajo de las calles ni se sostenga sobre postes.
Tal vez sea la red que permita que nadie tenga que envejecer sin cuidado por el solo hecho de vivir lejos de sus hijos, no poder pagar una solución individual o habitar una localidad demasiado pequeña para resultar atractiva al mercado.
Las cooperativas saben construir allí donde otros no llegan.
La infraestructura del cuidado puede ser su próximo desafío.
Empezar antes
Las cooperativas de servicios públicos saben que una infraestructura esencial no se construye cuando la necesidad ya se volvió crítica. Se proyecta antes, se financia con anticipación y se sostiene mediante reglas capaces de perdurar.
Con el cuidado ocurrirá algo semejante.
Prepararse no supone construir de inmediato una residencia ni asumir prestaciones para las que la entidad no está capacitada. Supone conocer cómo está envejeciendo la comunidad, qué redes familiares permanecen en el territorio, qué servicios faltan y qué capacidades pueden desarrollarse junto con municipios, hospitales, obras sociales, universidades y organizaciones especializadas.
Ese diagnóstico deberá traducirse en decisiones institucionales: determinar si el estatuto permite avanzar, qué reglamentos serán necesarios, cómo se financiarán las prestaciones, qué responsabilidades asumirá la cooperativa y cuál es la escala más adecuada para el proyecto.
Acompañar a cooperativas, federaciones y municipios en ese proceso inicial de evaluación, revisión normativa y diseño jurídico es esencial en esta etapa para federaciones y asesores especializados.
Porque la primera inversión no siempre consiste en construir.
A veces consiste en llegar a tiempo.
Referencias
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Estimaciones y proyecciones de población, por sexo y edad. Total del país. Años 2022-2040, Serie Análisis Demográfico n.º 39, Buenos Aires, octubre de 2025.
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, Resolución 1017/2020, RESFC-2020-1017-APN-DI#INAES, dictada el 16 de noviembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina n.º 34.528, 25 de noviembre de 2020, p. 40, especialmente arts. 1, 2 y 6.
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, Resolución 1366/2022, RESFC-2022-1366-APN-DI#INAES, dictada el 30 de marzo de 2022, publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2022, art. 1.
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, Resolución 3628/2022, publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto de 2022, especialmente sus considerandos y art. 1.
ITALIA, Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali, publicada en la Gazzetta Ufficiale n.º 283 del 3 de diciembre de 1991.
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