La cooperación frente a una desigualdad que no se corrige sola
Informe matutino
n. 1189
Lunes 13 de julio de 2026.
Thomas Piketty condensó una parte importante de su explicación sobre la desigualdad contemporánea en una relación sencilla: cuando el rendimiento del capital supera de manera persistente el crecimiento de la producción y de los ingresos, los patrimonios acumulados tienden a aumentar más rápidamente que la economía de la que forman parte.
La fórmula suele expresarse como r > g.
No significa que toda inversión sea injusta, que la rentabilidad deba desaparecer ni que cualquier diferencia patrimonial resulte ilegítima. Señala un problema estructural: cuando poseer capital produce, durante un período prolongado, más beneficios que trabajar, producir o desarrollar una actividad, las diferencias iniciales dejan de permanecer estables y comienzan a reproducirse por sí mismas.
Quien ya posee inmuebles, tierras, empresas o activos financieros puede incrementar su patrimonio mediante intereses, alquileres, dividendos y valorizaciones. Quien depende principalmente de su trabajo debe utilizar una parte considerable de sus ingresos para acceder a vivienda, alimentación, salud, educación, transporte y servicios. Uno acumula; el otro, con frecuencia, se endeuda para acceder a aquello que necesita.
La diferencia no se limita entonces a cuánto gana cada persona. Determina quién puede esperar, quién puede invertir, quién puede asumir riesgos, quién obtiene crédito en mejores condiciones y quién atraviesa una crisis sin desprenderse de los bienes esenciales. Cuando esta dinámica se mantiene durante décadas, el patrimonio heredado adquiere una influencia creciente sobre las posibilidades concretas de cada vida. El esfuerzo, la educación y la capacidad personal continúan importando, pero deben competir con ventajas económicas que se transmiten de una generación a otra.
La sociedad puede seguir proclamando que cada persona obtiene lo que merece mientras las condiciones de partida se alejan cada vez más unas de otras.
Cuando crecer no alcanza
Una economía puede crecer sin que mejoren, en la misma proporción, las condiciones de vida de la mayoría. Puede aumentar la producción mientras los salarios quedan rezagados, incorporar tecnología mientras reduce puestos de trabajo o concentra sus beneficios, valorizar inmuebles mientras vuelve inaccesible la vivienda y expandir redes de servicios sin permitir que los usuarios participen en las decisiones relativas a su financiamiento, administración y desarrollo.
Por eso no alcanza con preguntar cuánto crece una economía. También es necesario preguntar quién controla sus activos, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y quién decide hacia dónde se orientan sus recursos. El crecimiento, por sí mismo, no determina la distribución y mucho menos garantiza el acceso universal a los bienes indispensables.
Si los resultados de una mayor productividad quedan concentrados, la sociedad puede producir más y, al mismo tiempo, ampliar la distancia entre quienes controlan los recursos y quienes dependen de ellos. Esa distancia se vuelve especialmente grave cuando alcanza a la vivienda, la tierra, la salud, la energía, el agua, la conectividad, el crédito, la educación o la infraestructura comunitaria. En esos ámbitos no está en juego solamente el ingreso disponible de cada persona, sino la posibilidad de ejercer derechos y participar plenamente de la vida social.
Los bienes esenciales bajo la lógica de la renta
El capital no se dirige necesariamente hacia la creación de nueva producción o infraestructura. También puede buscar rentabilidad mediante la adquisición de bienes existentes, la concentración de mercados, el control de plataformas o la captura de rentas.
La vivienda puede dejar de ser considerada principalmente por su función habitacional y convertirse en un activo cuya valorización importa más que su ocupación. La tierra puede concentrarse por la expectativa de su apreciación futura. Los datos personales pueden transformarse en una fuente de valor económico administrada por organizaciones sobre las cuales las personas no ejercen ningún control. Los servicios públicos pueden ser evaluados exclusivamente por su rentabilidad, incluso cuando su finalidad consiste en garantizar condiciones elementales de vida.
En esos casos, la cuestión central no es solamente cuánto cuesta el servicio. También importa quién posee la infraestructura, quién decide las inversiones, quién determina las condiciones de acceso y dónde quedan los excedentes generados por la actividad. Cuando esas decisiones se adoptan lejos de la comunidad, la desigualdad patrimonial se convierte en dependencia económica.
De la desigualdad económica a la desigualdad política
La concentración de riqueza tampoco se agota en la posibilidad de consumir más. El capital permite financiar medios de comunicación, campañas electorales, asesoramiento especializado, litigios, estudios técnicos, desarrollo tecnológico y estructuras permanentes de representación de intereses. La desigualdad económica se convierte así en una diferencia de poder.
La democracia reconoce formalmente un voto a cada ciudadano. Pero fuera del acto electoral, la capacidad efectiva de sostener una posición, producir información, intervenir en el debate público o influir sobre una regulación depende de recursos distribuidos de manera profundamente desigual.
No es necesario que desaparezcan las elecciones para que la democracia pierda sustancia. Alcanza con que una parte creciente de las decisiones relevantes quede sometida a poderes económicos que no fueron elegidos por la comunidad ni deben rendir cuentas ante ella. El problema señalado por Piketty no consiste entonces solamente en que algunos patrimonios sean muy grandes. Consiste en que la acumulación económica puede terminar alterando las condiciones materiales de la igualdad política.
La diferencia cooperativa
Las cooperativas también necesitan capital. Necesitan instalaciones, herramientas, tecnología, redes, reservas, financiamiento e inversión. La cooperación no puede sostenerse mediante una negación de la realidad económica.
La diferencia reside en la función que se asigna a ese capital. En una cooperativa, el capital no debería constituir la fuente del poder institucional ni la finalidad última de la organización. Debe ser un instrumento destinado a satisfacer necesidades, prestar servicios y sostener una actividad definida por sus asociados.
El principio de un asociado, un voto separa el poder de decisión de la cantidad de capital aportado. La distribución de excedentes según la participación en la actividad cooperativizada procura que una parte del valor generado regrese a quienes lo produjeron, utilizaron o hicieron posible. La formación de reservas construye un patrimonio colectivo que sostiene la continuidad de la organización y no se distribuye como una ganancia particular entre quienes circunstancialmente la integran.
La cooperación no elimina el capital: lo subordina. Y esa subordinación constituye una decisión política, además de económica, porque significa que la propiedad de mayores recursos no otorga, por sí sola, más poder para decidir sobre la vida de los demás.
Mondragón: cuando la subordinación del capital deja de ser una hipótesis
La posibilidad de organizar de otra manera la relación entre capital, trabajo y poder no pertenece solamente al terreno de las ideas. En el País Vasco, la experiencia de Mondragón demuestra desde hace casi siete décadas que es posible construir un complejo empresarial industrial, financiero, comercial, educativo y tecnológico de gran escala sin entregar necesariamente el gobierno de las empresas a quienes concentran más capital.
Mondragón participa en mercados internacionales, exporta, innova, invierte, obtiene excedentes y compite con grandes empresas convencionales. En 2024 superó los 11.200 millones de euros en ventas, mantuvo una plantilla de más de 70.000 personas y obtuvo resultados por 632 millones de euros. No se trata, por lo tanto, de una pequeña experiencia protegida de la competencia, sino de uno de los principales grupos empresariales del País Vasco.
La diferencia no consiste en prescindir del capital, sino en impedir que su aporte determine automáticamente quién manda. Entre los principios declarados por Mondragón se encuentran la organización democrática mediante el voto igualitario, la soberanía del trabajo, la naturaleza instrumental y subordinada del capital, la participación en la gestión y la solidaridad retributiva. El capital es reconocido como un recurso necesario, pero no confiere por sí mismo derecho a gobernar la organización.
Ahí se encuentra la respuesta más profunda al problema planteado por Piketty. Cuando el rendimiento del patrimonio supera persistentemente el crecimiento de los ingresos, quien posee capital no sólo incrementa su riqueza: también aumenta su capacidad para determinar las condiciones en que trabajan, producen, consumen y viven quienes no lo poseen. Mondragón introduce una ruptura en esa relación.
Quienes trabajan en las cooperativas no son únicamente un costo dentro de una organización perteneciente a terceros. En el núcleo cooperativo son asociados, participan en la propiedad, eligen los órganos de gobierno y tienen intervención en la distribución y el destino de los resultados. La rentabilidad no desaparece. Lo que desaparece, o al menos se limita, es su transformación automática en poder político interno.
El patrimonio colectivo como respuesta a la acumulación privada
La experiencia vasca permite comprender otra dimensión de la cooperación. Una parte del excedente no se convierte inmediatamente en riqueza individual disponible. Se destina a reservas, fondos comunes, educación, inversión, innovación y sostenimiento de las propias cooperativas. Así se construye un patrimonio colectivo.
Ese patrimonio no pertenece a un inversor externo que puede retirarlo cuando encuentre una oportunidad más rentable. Queda vinculado a la continuidad de la actividad, al empleo y al territorio. Frente a la tendencia del capital privado a acumularse y reproducir la posición de quien ya lo posee, el capital cooperativo puede acumularse bajo una lógica diferente: no para ampliar ilimitadamente el poder de una persona, sino para fortalecer la capacidad económica de una comunidad organizada.
También aquí existe acumulación, pero no toda acumulación produce las mismas relaciones sociales. Un patrimonio concentrado en pocas manos aumenta la dependencia de quienes necesitan acceder a él. Un patrimonio colectivo puede ampliar la autonomía de quienes lo construyeron y necesitan utilizarlo.
La solidaridad sometida a una prueba real
Mondragón no eliminó las crisis empresariales. La caída de Fagor Electrodomésticos demostró que una cooperativa también puede equivocarse, perder mercados y volverse económicamente inviable. Pero mostró, al mismo tiempo, que las consecuencias de una crisis pueden administrarse de manera distinta.
El sistema recurrió a fondos de solidaridad, compensaciones y traslados de socios trabajadores hacia otras cooperativas. El informe correspondiente a 2013 registró la recolocación temporal de más de mil personas. Una década después, el informe de 2023 indicó que 518 personas habían encontrado una solución laboral mediante su traslado a otras cooperativas y que se habían destinado trece millones de euros a compensaciones solidarias.
Esto no significa que el daño haya desaparecido ni que todos los conflictos hayan sido resueltos satisfactoriamente. Significa algo más concreto: el trabajador no fue considerado una variable externa cuyo costo podía descargarse enteramente sobre él y su familia. La organización colectiva intentó absorber una parte del riesgo. En una empresa gobernada exclusivamente por el capital, la solidaridad depende de la decisión voluntaria del propietario. En un sistema cooperativo integrado, puede convertirse en una institución permanente.
Una contribución al territorio, no una explicación única
El País Vasco presenta niveles de desigualdad inferiores a los promedios español y de las regiones de la OCDE. En 2022, la relación entre los ingresos del quintil superior y los del quintil inferior fue de 5,08, frente a 5,5 en el conjunto de las regiones españolas y 6,96 en el promedio de las regiones de la OCDE considerado por el organismo.
Sería apresurado atribuirle por sí sola esos resultados a Mondragón. La realidad vasca también está determinada por su desarrollo industrial, su sistema educativo, sus políticas públicas, su régimen fiscal, la protección social y una extensa red institucional. Pero tampoco sería razonable tratar a Mondragón como un actor irrelevante dentro de esa configuración.
Durante décadas creó empleo, retuvo capacidades productivas, formó trabajadores, desarrolló tecnología, construyó instituciones financieras y educativas y mantuvo una parte sustancial de la propiedad empresarial vinculada con quienes trabajan y con el territorio. No explica todo, pero demuestra que la estructura de propiedad importa y que una economía regional no obtiene los mismos resultados cuando sus principales decisiones se adoptan exclusivamente en función de la remuneración del capital que cuando una parte significativa de su producción se encuentra bajo control cooperativo.
Una experiencia real, no una organización perfecta
Mondragón tampoco debe convertirse en una leyenda edificante. Su crecimiento, profesionalización e internacionalización generaron tensiones entre identidad cooperativa y competencia global. La expansión hacia otros países no siempre permitió reproducir plenamente la condición de socio trabajador, el gobierno democrático ni los mismos mecanismos de participación existentes en las cooperativas originarias.
Investigaciones sobre sus filiales extranjeras han mostrado que las prácticas centrales del modelo cooperativo —participación en la propiedad, en los resultados y en el gobierno general— no fueron implantadas de manera integral fuera del núcleo vasco. Esa limitación no invalida la experiencia, pero impide idealizarla.
Mondragón resulta valiosa precisamente porque permite observar una construcción cooperativa sometida durante décadas a las presiones reales del mercado, la tecnología, las crisis, la competencia y la expansión internacional. No ofrece una solución terminada. Ofrece una prueba histórica de posibilidad: demuestra que la eficiencia no exige necesariamente concentración del poder, que la innovación no requiere excluir a los trabajadores de las decisiones, que el capital puede obtener una remuneración sin convertirse en soberano y que la solidaridad puede dejar de ser una invocación moral para transformarse en reservas, fondos, instituciones y mecanismos concretos de protección.
Acceso a derechos, bienes y servicios
La principal medida de la eficacia cooperativa no debería ser cuánto se diferencia discursivamente de una empresa de capital. Debería ser su capacidad efectiva para ampliar el acceso a derechos, bienes y servicios.
Una cooperativa no cumple su función solamente porque distribuye excedentes de una manera distinta. La cumple cuando permite que más personas accedan a una vivienda, a una fuente de trabajo, al agua, a la energía, a la conectividad, al crédito, a la salud o a una comercialización menos desigual. El cooperativismo adquiere sentido cuando transforma capacidad económica en capacidad comunitaria.
Eso exige eficiencia, profesionalización, inversión y sostenibilidad. Pero también exige que esos instrumentos permanezcan subordinados a la finalidad de servicio. Una organización puede ser muy eficiente en términos financieros y, sin embargo, excluir usuarios, deteriorar condiciones laborales o abandonar las necesidades menos rentables.
La eficiencia cooperativa no puede medirse únicamente por el resultado contable. Debe evaluarse también por la calidad del servicio, la universalidad del acceso, la participación de los asociados, la construcción de patrimonio colectivo y el fortalecimiento de la comunidad.
La forma jurídica no alcanza
Nada de esto ocurre automáticamente por obtener una matrícula cooperativa. Una cooperativa puede burocratizarse, concentrar información, desalentar la participación o quedar controlada por un grupo reducido. Puede conservar formalmente el voto igualitario mientras las decisiones reales se adoptan fuera de los órganos sociales.
También puede depender de acreedores, contratistas, proveedores tecnológicos o intermediarios que terminen apropiándose de una parte sustancial del valor generado. Puede utilizar un discurso comunitario sin permitir que la comunidad controle efectivamente su gestión.
La forma cooperativa ofrece instrumentos para limitar el poder del capital, pero esos instrumentos deben ser ejercidos. La democracia interna requiere información comprensible, rendición de cuentas, formación de los asociados, renovación de autoridades, controles eficaces y canales reales de participación. Una cooperativa que pierde esas prácticas puede seguir siendo cooperativa en los registros y dejar de serlo en su funcionamiento cotidiano.
Una desigualdad que necesita instituciones
La advertencia de Piketty no describe un destino inevitable. La relación entre capital, trabajo y crecimiento puede ser modificada mediante instituciones. Influyen el sistema tributario, las normas laborales, la regulación del crédito, las políticas de vivienda, la protección de la competencia, la educación, la organización sindical y el régimen de los servicios esenciales. También influye la forma de propiedad de las organizaciones económicas.
Las cooperativas actúan precisamente en ese punto. No esperan que la riqueza se concentre para discutir luego cómo redistribuir una parte de ella. Intentan organizar desde el comienzo una relación distinta entre propiedad, decisión y resultado. No resuelven por sí solas todos los problemas de la desigualdad, pero demuestran que el capital puede ser necesario sin convertirse en dueño de la voluntad colectiva.
Cuando la comunidad vuelve a decidir
La advertencia de Piketty permite comprender cómo la riqueza acumulada puede reproducirse con mayor rapidez que los ingresos del conjunto de la sociedad. Mondragón permite dar el paso siguiente: demuestra que esa tendencia no debe ser aceptada como una ley natural de toda organización económica.
El capital puede ser acumulado sin concentrar ilimitadamente el poder. Puede financiar empresas complejas sin determinar por sí solo quién las gobierna. Puede servir a la producción, al empleo y a la comunidad sin convertirse en la finalidad excluyente de la actividad.
La cooperación no garantiza automáticamente la igualdad ni elimina el riesgo, el conflicto o la posibilidad del fracaso. Pero modifica el punto de partida. Allí donde la empresa de capital asigna poder según la propiedad, la cooperativa reconoce poder a las personas. Allí donde la riqueza tiende a separarse de la comunidad que la produce, el patrimonio cooperativo procura permanecer vinculado con ella.
Mondragón no demuestra que exista una economía sin capital. Demuestra algo mucho más importante: que es posible construir una economía en la cual el capital no tenga la última palabra.
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