4 de julio de 2026

La cooperación, una deuda de la democracia

Día Internacional de las Cooperativas 2026

Pablo Rodofili

El Día Internacional de las Cooperativas no debería servir para repetir consignas cómodas ni para celebrar una identidad abstracta.

Debería ser, antes que nada, una oportunidad para mirar lo que ocurre alrededor.

En un mundo atravesado por guerras, desigualdad, incertidumbre tecnológica y pérdida de control de las comunidades sobre decisiones que afectan su vida cotidiana, hablar de cooperación es hablar de paz. Pero no de una paz entendida como mera ausencia de violencia. Se trata de una paz fundada en la posibilidad de que trabajadores, usuarios, productores, consumidores y vecinos intervengan realmente en la organización de su economía, de sus servicios y de su futuro.

Las cooperativas nacieron para eso.

En la Argentina, esa experiencia no es marginal. Está presente allí donde una comunidad organiza el agua, la electricidad, la conectividad, la salud, la vivienda, la producción, el crédito, el trabajo o el consumo. Está presente en pueblos y ciudades donde la respuesta colectiva apareció antes que la inversión privada, antes que la solución estatal o, muchas veces, cuando ambas alternativas se retiraron.

Sin embargo, el cooperativismo suele ser tratado como una excepción tolerada y no como una verdadera herramienta de desarrollo.

Se lo convoca cuando hay una crisis. Se lo celebra cuando resuelve lo que otros no resuelven. Se lo mira con simpatía en los discursos. Pero, demasiadas veces, se lo somete a reglas, exigencias, cargas y miradas diseñadas para empresas cuyo sentido, estructura patrimonial y forma de decidir son completamente distintos.

Esa contradicción no es menor.

La Constitución Nacional no menciona de manera literal a las cooperativas. Pero reconoce el derecho de asociación, protege el trabajo en sus diversas formas y encomienda al Congreso promover el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad, la generación de empleo y el crecimiento armónico de la Nación.

En la Provincia de Buenos Aires, la definición es todavía más clara. El artículo 41 de su Constitución dispone que la Provincia fomenta la organización y el desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acordes con su naturaleza.

No se trata de una frase ornamental.

Fomentar no significa simplemente no impedir. Significa crear condiciones para que las cooperativas puedan nacer, consolidarse, invertir, profesionalizarse y cumplir mejor su función social.

Y reconocer un tratamiento tributario y financiero acorde con su naturaleza no equivale a conceder privilegios. Significa comprender que una cooperativa no se organiza para remunerar capitales externos ni para maximizar ganancias de accionistas. Se organiza para prestar servicios a sus asociados, resolver necesidades comunes, sostener empleo, producir en comunidad y reinvertir en el territorio.

La Ley de Cooperativas reconoce esa especificidad al identificar como actos cooperativos los realizados por la entidad con sus asociados, entre cooperativas y, en determinados casos, con terceros para el cumplimiento de su objeto social.

Sin embargo, la distancia entre ese diseño jurídico y la realidad cotidiana sigue siendo grande.

La Argentina sigue sin consolidar una política de Estado sostenida, articulada y evaluable que coloque a las cooperativas en el centro de una estrategia de desarrollo local, producción, empleo, inclusión tecnológica y prestación de servicios esenciales.

La relación con el Estado aparece con frecuencia reducida al registro, la fiscalización, la exigencia administrativa, la carga tributaria o la respuesta frente a una emergencia. Todo eso puede ser necesario. Las cooperativas deben ser transparentes, democráticas, solventes y responsables. Deben rendir cuentas a sus asociados, cumplir sus obligaciones y evitar que su forma jurídica sea utilizada para encubrir fraude, precarización laboral o intereses ajenos a la cooperación.

Pero controlar no es promover.

Y combatir el uso fraudulento de la forma cooperativa no autoriza a sospechar de todas las cooperativas genuinas.

La promoción auténtica exige otra mirada. Exige financiamiento compatible con proyectos que maduran en el tiempo y no con lógicas puramente especulativas. Exige compras públicas que valoren el arraigo local, la calidad del servicio, la reinversión comunitaria y la generación de empleo. Exige educación cooperativa desde la escuela, asistencia técnica, formación dirigencial y participación efectiva del movimiento cooperativo en las decisiones que lo afectan.

Exige, además, marcos regulatorios que no borren las diferencias entre una sociedad de capital y una organización de personas.

Nada de eso supone pedir favores.

Supone reclamar coherencia.

No puede sostenerse, al mismo tiempo, que las cooperativas son necesarias para el desarrollo territorial y negarles instrumentos adecuados para desarrollarse. No puede reconocerse su papel en la prestación de servicios públicos y tratarlas como si fueran un actor económico idéntico a cualquier otro. No puede invocarse la solidaridad como valor social y dejar librada a la improvisación la subsistencia de las instituciones que la practican todos los días.

La deuda, por eso, no es solamente económica ni administrativa. Es democrática.

Una cooperativa bien gobernada permite que quienes usan un servicio participen en sus decisiones. Que quienes trabajan no sean sólo un costo. Que quienes producen no queden solos frente a mercados concentrados. Que una comunidad conserve capacidades propias para decidir sobre necesidades esenciales.

Esa es también una forma concreta de construir paz.

Paz entre quienes producen y quienes consumen. Paz entre el campo y la ciudad. Paz entre generaciones. Paz entre comunidades que no quieren resignarse a ser meras destinatarias de decisiones tomadas lejos de su territorio.

En este Día Internacional de las Cooperativas, la mejor conmemoración no consiste en idealizar al cooperativismo. Consiste en defenderlo con seriedad: fortaleciendo su democracia interna, su transparencia, su profesionalización y su capacidad de servicio.

Y también exigiendo que los poderes públicos asuman los mandatos constitucionales aplicables y la lección de la propia experiencia argentina: que la cooperación no sea tratada como un residuo del pasado, sino como una de las formas más actuales de organizar un futuro con trabajo, justicia social, comunidad y paz.

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