La comunicación institucional como parte del buen gobierno cooperativo
n. 1204 – Jueves 30 de julio de 2026
Una cooperativa puede cumplir rigurosamente la ley y, sin embargo, gobernarse mal.
La afirmación puede parecer exagerada, pero la experiencia demuestra que muchas crisis institucionales no nacen de decisiones ilegales ni de administraciones negligentes. Comienzan cuando una decisión correcta nunca fue explicada.
El consejo de administración resuelve una medida compleja, convencido de que protege el interés de la cooperativa. Sin embargo, pasan los días sin que los asociados conozcan sus razones. El vacío informativo comienza a llenarse de interpretaciones, aparecen rumores, circulan versiones parciales y las redes sociales terminan ocupando el lugar que dejó vacante la comunicación institucional. Cuando finalmente llega la explicación, el problema ya no es la decisión adoptada, sino la confianza que se perdió durante el silencio.
Esta situación invita a revisar una idea profundamente arraigada: la de considerar que la comunicación institucional pertenece al ámbito del marketing, de la prensa o de la difusión. En las cooperativas, esa mirada resulta insuficiente.
La cooperativa no es simplemente una organización económica. Es una organización democrática. Sus autoridades administran un patrimonio común por mandato de los asociados y ejercen funciones sometidas al control permanente de quienes integran la entidad. Esa particularidad modifica la forma de entender la administración.
No basta con administrar correctamente. También es necesario que los asociados puedan conocer, comprender y evaluar las decisiones adoptadas en nombre de la organización.
Desde esta perspectiva, la comunicación institucional deja de ser una actividad complementaria para convertirse en una manifestación concreta del buen gobierno cooperativo.
Esta afirmación no surge de una moda vinculada con la comunicación organizacional ni de las modernas teorías del gobierno corporativo. Surge de la propia lógica del sistema cooperativo. La gestión democrática requiere participación; la participación exige información; y la información solo cumple verdaderamente su función cuando es comunicada de manera clara, oportuna y comprensible.
Sin información adecuada, el derecho de los asociados a participar en la vida institucional pierde buena parte de su contenido. La democracia cooperativa deja entonces de apoyarse en la deliberación para descansar únicamente en las formalidades.
Existe, además, una diferencia que conviene destacar. Informar y comunicar no son conceptos equivalentes.
Informar consiste en poner datos a disposición de los destinatarios. Comunicar supone algo más exigente: organizar esa información de manera que pueda ser comprendida y utilizada para formar un juicio. Una cooperativa puede publicar balances, memorias, informes y actas conforme a todas las exigencias legales y, sin embargo, comunicar muy mal. Si los asociados no logran comprender qué decisiones se adoptaron, por qué se adoptaron y cuáles serán sus consecuencias, la finalidad democrática de esos instrumentos queda parcialmente frustrada.
En otras palabras, la transparencia institucional no depende únicamente de la existencia de información. Depende también de que esa información resulte accesible, comprensible y útil para el ejercicio de los derechos de los asociados. Un balance incomprensible es, desde el punto de vista democrático, casi tan opaco como un balance oculto.
Esta idea encuentra respaldo en los propios principios cooperativos. El quinto principio de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional establece que las cooperativas deben promover la educación, la formación y la información de sus asociados, dirigentes, gerentes y empleados, así como informar al público acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. No se trata de una recomendación estética ni de una estrategia de posicionamiento institucional. Es el reconocimiento de que la información constituye un componente esencial de la identidad cooperativa y una condición para el funcionamiento de su sistema democrático.
La confianza es, probablemente, el principal patrimonio institucional de una cooperativa. Puede construirse durante años y perderse en pocos días. Cada explicación oportuna fortalece esa confianza; cada silencio injustificado la debilita. Cuando la conducción deja de comunicar, otros ocupan ese espacio con versiones incompletas, interpretaciones interesadas o información falsa. Recuperar la confianza después suele exigir mucho más esfuerzo que haber comunicado oportunamente.
Por eso, la comunicación institucional no protege únicamente la reputación de la cooperativa. También fortalece la legitimidad de sus órganos de gobierno, facilita el ejercicio de los derechos de los asociados y contribuye a prevenir conflictos que, en muchas ocasiones, podrían evitarse con una explicación clara y oportuna.
Quizá haya llegado el momento de ampliar nuestra comprensión del buen gobierno cooperativo. Administrar no consiste solamente en adoptar decisiones legales, prudentes y eficientes. También implica generar las condiciones para que quienes integran la cooperativa comprendan por qué esas decisiones fueron adoptadas y puedan evaluarlas a la luz de los principios que dieron origen a la organización.
Las cooperativas nacieron para demostrar que las personas pueden gobernar en común aquello que también construyen en común. Pero gobernar en común exige algo más que votar. Exige comprender. Allí donde la comprensión desaparece, la democracia comienza a vaciarse de contenido.
Por eso, comunicar no constituye una actividad accesoria de la administración. Es una de las formas más importantes de ejercerla.
Referencias
- Ley 20.337 de Cooperativas.
- Alianza Cooperativa Internacional, Declaración sobre la Identidad Cooperativa (Manchester, 1995), especialmente el quinto principio: Educación, formación e información.
- International Cooperative Alliance, Guidance Notes to the Cooperative Principles (2015), comentario al quinto principio.
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